Un grupo bipartidista de legisladores estadounidenses ha emitido una demanda formal para que el Príncipe Andrés, duque de York, testifique ante el Congreso de los Estados Unidos en relación con los archivos desclasificados del financiero Jeffrey Epstein. Esta solicitud, dirigida al Departamento de Justicia, marca una escalada significativa en la presión internacional sobre el miembro de la familia real británica, quien ha enfrentado durante años acusaciones de haber mantenido vínculos con el condenado traficante sexual. Los congresistas argumentan que su testimonio es crucial para "arrojar luz completa" sobre las redes de abuso y para garantizar la rendición de cuentas de todas las personas involucradas.
El contexto de esta petición se remonta a la desclasificación progresiva de miles de páginas de documentos judiciales relacionados con el caso de Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, ordenada por un juez federal a principios de año. Estos archivos han mencionado a numerosas figuras públicas, aunque muchas no están acusadas de ningún delito. El nombre del Príncipe Andrés ha aparecido en este material, reviviendo el escándalo que llevó a su retiro de la vida pública en 2019 tras una desastrosa entrevista televisiva sobre su amistad con Epstein. La demanda legal civil en su contra por parte de Virginia Giuffre, resuelta extrajudicialmente en 2022, aunque sin admisión de responsabilidad por parte del príncipe, mantiene la controversia viva.
Los legisladores, encabezados por miembros del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, han subrayado la necesidad de transparencia absoluta. En una carta oficial, señalan que "la búsqueda de la justicia para las víctimas de Epstein y Maxwell requiere que todos aquellos con información relevante, independientemente de su estatus, cooperen plenamente". Añaden que existen "lagunas significativas" en la comprensión pública de la magnitud de la operación y de la posible obstrucción a la justicia. Expertos legales consultados indican que, si bien el Congreso tiene amplias facultades de investigación, forzar la comparecencia de un miembro de una familia real extranjera plantea complejos desafíos diplomáticos y jurídicos, involucrando tratados de extradición y inmunidades.
La repercusión de este movimiento es inmediata y multifacética. Para la Casa Real Británica, constituye una nueva crisis de relaciones públicas y una dolorosa reactivación de un asunto que creían parcialmente superado tras el acuerdo con Giuffre. Un portavoz de Buckingham Palace ha declinado comentar sobre "procedimientos legales en curso en otros países", reiterando la posición anterior de que el Príncipe Andrés no es miembro activo de la Familia Real. Por otro lado, para las víctimas y grupos de defensa, esta acción legislativa es un rayo de esperanza. "Es un mensaje poderoso de que nadie está por encima de la ley", declaró una representante de una organización de supervivientes de abuso sexual. "La verdad sobre lo que ocurrió en esas islas y residencias debe salir a la luz, por muy incómoda que sea".
El impacto trasciende lo legal y entra en el ámbito de las relaciones internacionales entre Estados Unidos y el Reino Unido, aliados históricos. Analistas políticos especulan que el gobierno británico podría ejercer presión discreta para evitar un enfrentamiento judicial que dañe aún más la imagen de la monarquía. Sin embargo, la determinación mostrada por los legisladores estadounidenses, en un clima político donde la lucha contra la corrupción de las élites es un tema sensible, sugiere que no cederán fácilmente. El Departamento de Justicia tiene ahora la tarea de evaluar la solicitud y determinar los siguientes pasos, que podrían incluir una invitación formal a testificar o, en última instancia, una citación.
En conclusión, la exigencia de testimonio del Príncipe Andrés por parte del Congreso de EE.UU. representa un punto de inflexión en el largo y sórdido caso Epstein. Ya no se trata solo de escándalos mediáticos o procedimientos civiles privados, sino de una investigación oficial del poder legislativo de la primera potencia mundial. Este desarrollo presiona todos los frentes: la justicia estadounidense en su búsqueda de respuestas, la monarquía británica en su esfuerzo por proteger a uno de los suyos, y la opinión pública global ávida de ver si finalmente se hará justicia de manera integral. El mundo observa si el príncipe, protegido hasta ahora por su estatus y acuerdos privados, tendrá que enfrentar un interrogatorio bajo juramento que podría revelar detalles hasta ahora ocultos de una de las redes de abuso más infames de la historia reciente.
