Un nuevo y exhaustivo informe ha revelado un declive dramático en la aplicación de las leyes ambientales por parte de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) durante la presidencia de Donald Trump. Los datos, compilados por la organización sin fines de lucro Environmental Integrity Project (EIP), muestran una reducción significativa en las inspecciones, las acciones judiciales iniciadas y las sanciones impuestas a los contaminadores en comparación con las administraciones anteriores, tanto republicanas como demócratas. Este retroceso representa un cambio fundamental en la misión central de la agencia, pasando de ser un organismo regulador a una entidad que prioriza la 'cooperación' y la 'flexibilidad' para la industria.
El contexto de este colapso se enmarca en una filosofía de desregulación promovida activamente por la administración Trump, que calificó a las normas ambientales como una carga para el crecimiento económico. Bajo el liderazgo del administrador Andrew Wheeler, exlobista del carbón, la EPA implementó una serie de cambios de política que limitaron la capacidad de sus funcionarios para hacer cumplir la ley. Esto incluyó la necesidad de aprobaciones de alto nivel para ciertas acciones de cumplimiento, la reasignación de recursos y un enfoque en la 'asistencia de cumplimiento' en lugar de la acción punitiva. El informe del EIP señala que, entre 2018 y 2019, la EPA realizó un promedio de 10,600 inspecciones por año, la cifra más baja en al menos dos décadas y un 40% menos que el promedio anual bajo la administración Obama.
Los datos relevantes son contundentes. Las acciones judiciales civiles nuevas iniciadas por la EPA cayeron a un mínimo histórico de 100 en el año fiscal 2020, menos de la mitad del promedio de las tres administraciones anteriores. Las sanciones monetarias impuestas a los infractores también se desplomaron. En 2018, la agencia impuso aproximadamente 69 millones de dólares en multas civiles, una cifra que palidece en comparación con los 1,200 millones de dólares recaudados en 2013. En el ámbito penal, las referencias a la División de Delitos Ambientales del Departamento de Justicia cayeron a solo 100 casos en 2019, el número más bajo desde que la EPA comenzó a rastrear estas cifras en la década de 1990. Este debilitamiento de la aplicación de la ley afectó a una amplia gama de estatutos, incluida la Ley de Agua Limpia, la Ley de Aire Limpio y la Ley de Especies en Peligro de Extinción.
Las declaraciones de las partes involucradas reflejan la profunda división sobre este tema. 'Estos números no son un accidente; son el resultado de políticas deliberadas que despojaron a la agencia de su capacidad para hacer su trabajo', afirmó Eric Schaeffer, director ejecutivo del Environmental Integrity Project y exdirector de cumplimiento civil de la EPA. Por otro lado, un portavoz de la EPA defendió el enfoque de la administración, argumentando: 'La EPA bajo el presidente Trump se centró en lograr resultados ambientales reales a través de la cooperación, en lugar de perseguir multas punitivas que a menudo no conducen a una mejora ambiental tangible'. Grupos industriales, como la Cámara de Comercio de Estados Unidos, han elogiado este enfoque, calificándolo de 'más pragmático y menos adversarial'.
El impacto de este colapso en la aplicación de la ley es multifacético y potencialmente duradero. Los ambientalistas advierten que crea una 'cultura de impunidad' donde las empresas pueden calcular que es más barato arriesgarse a una multa insignificante que invertir en controles de contaminación costosos. Esto tiene consecuencias directas para la salud pública, especialmente en comunidades de bajos ingresos y minoritarias que a menudo albergan una concentración desproporcionada de instalaciones industriales. Además, el debilitamiento institucional, incluida la pérdida de personal experimentado y experiencia técnica, podría dificultar que una futura administración reconstruya rápidamente la capacidad de aplicación de la ley de la agencia.
En conclusión, el informe del Environmental Integrity Project documenta no solo una reducción estadística en las actividades de aplicación de la ley, sino un cambio filosófico fundamental en el papel del gobierno federal en la protección del medio ambiente. La administración Trump transformó sistemáticamente a la EPA de un organismo fiscalizador en un socio de la industria que prioriza la eliminación de 'obstáculos regulatorios'. Si bien los defensores de este modelo argumentan que estimula la innovación y la economía, los críticos sostienen que deja a las comunidades y los ecosistemas vulnerables a la contaminación sin control. El legado de este período será un punto central de debate y una tarea crítica de reconstrucción para la administración entrante de Joe Biden, que ha prometido restaurar el vigor de la agencia y hacer de la justicia ambiental una piedra angular de su política.
