Un nuevo y alarmante informe presentado por el sindicato británico Trades Union Congress (TUC) ha proyectado que, al ritmo actual de progreso, la brecha salarial de género en el Reino Unido no se cerrará hasta dentro de al menos 30 años. Esta estimación, que retrasa décadas las previsiones anteriores, ha provocado una ola de indignación entre grupos de derechos de las mujeres, sindicatos y políticos, quienes exigen una acción legislativa y empresarial más contundente. El análisis del TUC, basado en datos oficiales de la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS), revela que la diferencia media de ingresos por hora entre hombres y mujeres se ha reducido a un ritmo glacial del 0,4% anual en los últimos años, lo que sitúa la fecha de igualdad salarial real más allá del año 2050.
El contexto de esta proyección es una economía que, a pesar de los avances legislativos como la Ley de Igualdad de 2010 y la obligación de informar sobre la brecha salarial para grandes empresas, sigue perpetuando desigualdades estructurales profundas. La brecha salarial de género, que actualmente se sitúa en torno al 14,3% para los empleados a tiempo completo y completo, no es un fenómeno uniforme. Se amplía drásticamente para las mujeres mayores, aquellas que trabajan en sectores predominantemente femeninos y de menor remuneración (como el cuidado y la limpieza), y para las mujeres de minorías étnicas. El informe subraya que la penalización por maternidad, la distribución desigual del trabajo de cuidados no remunerado y la segregación sectorial siguen siendo los motores clave de esta disparidad.
Frances O'Grady, Secretaria General saliente del TUC, declaró con contundencia: "Es una vergüenza nacional que, en pleno siglo XXI, las mujeres aún tengan que esperar décadas para conseguir la igualdad salarial. A este ritmo, mi hija tendrá que jubilarse antes de verla. Las empresas no pueden seguir ocultándose detrás de excusas. Necesitamos planes de acción obligatorios, con objetivos y plazos claros, y sanciones reales para quienes incumplan". Estas declaraciones reflejan la frustración generalizada ante lo que se percibe como una complacencia institucional. Los datos muestran que, aunque la transparencia ha aumentado la concienciación, no ha traído consigo el cambio transformador necesario.
El impacto de esta brecha prolongada es económico y social. A nivel individual, significa cientos de miles de libras menos en ingresos a lo largo de la vida de una mujer, afectando a sus pensiones, su seguridad financiera y su independencia. Para la economía en su conjunto, supone una pérdida masiva de talento, productividad y potencial de consumo. La pandemia de COVID-19 exacerbó estas desigualdades, ya que las mujeres asumieron una parte desproporcionada del cuidado de los niños y las tareas domésticas durante los confinamientos, lo que provocó que muchas redujeran su jornada o abandonaran la fuerza laboral por completo, un retroceso que los economistas temen que haya ralentizado aún más el progreso.
En conclusión, el informe del TUC sirve como una llamada de atención urgente. La idea de esperar hasta 2053 para lograr la igualdad salarial es inaceptable para una sociedad moderna. Exige un replanteamiento radical de las políticas: desde permisos parentales bien remunerados y compartidos por obligación, hasta la inversión en infraestructura de cuidados asequible y la reevaluación de los salarios en sectores feminizados. La transparencia por sí sola no es suficiente; debe ir acompañada de responsabilidad y de un compromiso firme para desmantelar los sesgos sistémicos que mantienen a las mujeres en desventaja económica. El camino hacia la igualdad requiere una aceleración decisiva, y los próximos pasos deben darse ahora, no dentro de treinta años.
