Un informe exhaustivo publicado por el Proyecto de Integridad Ambiental (EIP, por sus siglas en inglés) ha revelado una caída dramática y sin precedentes en la aplicación de las leyes ambientales por parte de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos durante la administración del expresidente Donald Trump. Los datos, que abarcan desde el año fiscal 2016 hasta el 2020, muestran una reducción drástica en multas impuestas, acuerdos de cumplimiento exigidos y casos referidos al Departamento de Justicia, lo que sugiere un debilitamiento sistemático de las herramientas diseñadas para proteger el aire y el agua de la nación.
El contexto de este hallazgo se enmarca en una política de desregulación ambiental que caracterizó a la administración Trump, la cual priorizó la reducción de lo que denominaba "cargas" para la industria. Según el análisis del EIP, las multas por violaciones de la Ley de Aire Limpio, la Ley de Agua Limpia y otras normas fundamentales cayeron a mínimos históricos. En concreto, el número de casos de cumplimiento iniciados por la EPA disminuyó en más de un 50% en comparación con los promedios de las administraciones de Barack Obama y George W. Bush. Además, el valor monetario de las multas impuestas y los proyectos de mitigación ambiental acordados se redujo en miles de millones de dólares, privando a los programas de restauración de recursos vitales.
"Los datos pintan un cuadro claro de una agencia que ha dejado de hacer su trabajo principal: hacer cumplir la ley", declaró Eric Schaeffer, director ejecutivo del EIP y exdirector de la Oficina de Cumplimiento de la EPA. "Cuando se reduce la supervisión, se envía una señal a los contaminadores de que pueden operar con impunidad, lo que pone en riesgo la salud pública, especialmente en comunidades de bajos ingresos y minoritarias que a menudo están desproporcionadamente expuestas a la contaminación". Esta declaración subraya el impacto desproporcionado que la falta de aplicación puede tener en las comunidades más vulnerables, un tema que ha ganado prominencia en el debate sobre justicia ambiental.
El informe detalla cifras concretas: las sanciones penales impuestas cayeron a su nivel más bajo en décadas, con solo 22 casos referidos para enjuiciamiento en el año fiscal 2020, en comparación con un promedio de más de 40 por año en administraciones anteriores. En el ámbito civil, la EPA completó menos de 10,000 inspecciones en 2020, una cifra muy por debajo de los más de 20,000 realizados anualmente en la era Obama. Este retroceso en la vigilancia ocurrió a pesar de que las leyes ambientales permanecieron en los libros, lo que indica un problema de voluntad política y priorización de recursos, más que un cambio legislativo.
El impacto de este colapso en la aplicación es multifacético. En primer lugar, crea un riesgo inmediato para la salud pública, ya que las emisiones no controladas de contaminantes del aire y descargas de aguas residuales pueden exacerbar enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otros problemas de salud. En segundo lugar, socava el principio de equidad en el mercado, ya que las empresas que cumplen con la ley operan en desventaja frente a aquellas que evitan la supervisión. Finalmente, debilita la credibilidad de la agencia y la fe del público en la capacidad del gobierno para proteger los recursos naturales comunes.
En conclusión, el informe del Proyecto de Integridad Ambiental documenta no solo una reducción estadística en la actividad de aplicación, sino un cambio fundamental en la misión de la EPA bajo el liderazgo de Trump. La agencia pasó de ser un organismo de control a uno que priorizó la "flexibilidad" para la industria, a menudo a expensas del cumplimiento de la ley. Este legado presenta un desafío significativo para la administración Biden, que ha prometido reconstruir la capacidad de aplicación de la agencia y centrarse en la justicia ambiental. La recuperación de la credibilidad y la efectividad de la EPA requerirá no solo un aumento en el personal y los recursos, sino también una clara señal de que la era de la impunidad para los contaminadores ha terminado.
