En un movimiento que refleja la profunda inestabilidad política que caracteriza al país andino, el Congreso de Perú votó este miércoles para destituir al presidente Dina Boluarte, apenas cuatro meses después de que asumiera el cargo. La moción de vacancia, aprobada con 65 votos a favor, 45 en contra y 2 abstenciones, se basó en la acusación de "incapacidad moral permanente", una figura constitucional controvertida que ha sido utilizada en múltiples ocasiones en la última década para remover a mandatarios. Boluarte, quien asumió la presidencia en diciembre de 2023 tras la destitución y arresto de su predecesor Pedro Castillo, enfrentaba una creciente presión por su manejo de la economía y acusaciones de corrupción en su entorno cercano.
El contexto de esta destitución no puede entenderse sin mirar los últimos años de la política peruana. Perú ha tenido seis presidentes en los últimos cinco años, y ninguno ha logrado completar su mandato constitucional de cinco años desde 2016. Esta inestabilidad crónica ha sumido al país en una crisis de gobernabilidad que ha impedido la implementación de políticas de Estado a largo plazo y ha erosionado la confianza ciudadana en las instituciones. La economía, una de las de mejor desempeño en la región durante las últimas dos décadas, comienza a mostrar signos de fatiga, con un crecimiento proyectado de apenas 1.5% para el presente año, muy por debajo del promedio histórico.
Los datos revelan la magnitud del desafío: según el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), la aprobación presidencial de Boluarte había caído a un mínimo histórico del 11% en las encuestas previas a la votación. Además, el 78% de los peruanos desaprueba la labor del Congreso, una institución cuya imagen se ha visto gravemente dañada por escándalos de corrupción y luchas internas partidistas. "Estamos ante un sistema político que ha colapsado", declaró la analista política Giovanna Peñaflor en una entrevista televisiva minutos después de conocerse el resultado. "La figura de la 'incapacidad moral' se ha convertido en un arma política en lugar de un mecanismo excepcional de control, y esto tiene un costo altísimo para la democracia".
El proceso de destitución se desarrolló en medio de una tensa jornada parlamentaria. Los legisladores de oposición, liderados por partidos de derecha e izquierda, presentaron sus argumentos acusando a la presidenta de falta de transparencia en la adjudicación de obras públicas y de una gestión errática frente a las protestas sociales que han resurgido en el sur del país. "La señora Boluarte ha demostrado una absoluta falta de idoneidad para conducir los destinos de la nación", afirmó el congresista Jorge Montoya durante el debate. En su defensa, los aliados de la presidenta argumentaron que la moción era un "golpe parlamentario" que buscaba interrumpir investigaciones judiciales que involucran a varios legisladores.
El impacto inmediato de esta decisión es la sucesión constitucional. De acuerdo con la Carta Magna peruana, la presidencia debe ser asumida por el presidente del Congreso, actualmente Alejandro Soto Reyes, quien ejercerá el cargo de manera interina. Sin embargo, la Constitución establece que el Congreso debe elegir a un nuevo presidente permanente dentro de un plazo de 30 días. Este proceso promete ser complejo y divisivo, dado el fraccionamiento del legislativo, donde ningún partido cuenta con una mayoría clara. La incertidumbre política ya se ha trasladado a los mercados: el sol peruano se depreció un 2.3% frente al dólar en el mercado paralelo, y el riesgo país, medido por el EMBIG Perú, subió 25 puntos básicos.
A largo plazo, la destitución de Boluarte profundiza la crisis de representatividad y amenaza con desencadenar un nuevo ciclo de protestas sociales. Organizaciones indígenas y colectivos de las regiones más pobres del país han anunciado movilizaciones para exigir elecciones generales anticipadas y una reforma constitucional. "El pueblo no se siente representado por este Congreso ni por ningún presidente que ellos elijan a puerta cerrada", manifestó la líder social Ruth Bautista desde la ciudad de Puno. La comunidad internacional también ha reaccionado. La Organización de Estados Americanos (OEA) emitió un comunicado expresando "preocupación" e instando a "respetar el orden constitucional y priorizar la estabilidad democrática".
En conclusión, la destitución de Dina Boluarte no es un hecho aislado, sino el síntoma más reciente de una crisis política estructural que consume a Perú. La recurrente use de la vacancia presidencial como herramienta de lucha política ha vaciado de autoridad al Poder Ejecutivo y ha convertido la gobernabilidad en un bien escaso. Para salir de este laberinto, el país requiere no solo un nuevo presidente, sino un gran acuerdo nacional que incluya una reforma del sistema político, el fortalecimiento de las instituciones y la recuperación de la confianza ciudadana. Mientras esto no ocurra, Perú seguirá atrapado en un ciclo de inestabilidad que compromete su desarrollo económico y social.
