Una década después de su inicio, la campaña anticorrupción del presidente chino Xi Jinping, bautizada como 'cazar tigres y aplastar moscas', sigue siendo un pilar central de su gobierno. Según datos oficiales publicados recientemente, más de 4,7 millones de funcionarios del Partido Comunista Chino (PCCh) han sido investigados y sancionados desde 2012. Esta cifra monumental, que incluye desde altos mandos ('tigres') hasta burócratas de bajo rango ('moscas'), plantea una pregunta persistente en círculos políticos y analíticos: ¿Por qué una operación de tal envergadura y duración sigue activa, y qué revela sobre los desafíos de gobernanza en China? La respuesta se entrelaza con la consolidación del poder de Xi, la búsqueda de legitimidad del partido y las profundas raíces sistémicas de la corrupción en el aparato estatal más grande del mundo.
El contexto de esta campaña se remonta al XVIII Congreso Nacional del PCCh en 2012, cuando Xi Jinping asumió el liderazgo y advirtió que la corrupción podría llevar al colapso del partido y del estado. Inmediatamente, la Comisión Central de Inspección Disciplinaria (CCDI), el órgano supremo anticorrupción, intensificó sus operaciones. La retórica inicial prometía una 'jaula de acero' para el poder, reforzando las regulaciones y la supervisión. Sin embargo, la escala de las investigaciones ha superado todas las expectativas. Solo en 2023, la CCDI informó de más de 590.000 casos disciplinarios. Entre los 'tigres' más prominentes figuran exmiembros del Politburó como Zhou Yongkang y Sun Zhengcai, sentenciados a cadena perpetua, demostrando que nadie está por encima de la ley. No obstante, los críticos argumentan que la campaña también ha servido como herramienta para eliminar rivales políticos y centralizar la autoridad en la figura de Xi, quien ha acumulado títulos y poderes sin precedentes en la historia reciente de China.
Los datos relevantes muestran una evolución en los focos de la purga. En sus primeros años, se centró en sectores tradicionalmente propensos a la corrupción, como la construcción de infraestructuras y el sector energético. Posteriormente, se expandió a finanzas, seguridad pública y, más recientemente, a áreas estratégicas como la tecnología, la banca y la educación superior. Un informe del Centro de Investigación de la Gobernanza del PCCh indicó que el 70% de los casos involucran sobornos, malversación de fondos y abuso de poder para beneficio personal. La CCDI ha desarrollado métodos sofisticados, incluyendo 'inspecciones sorpresa' y el uso de big data para rastrear transacciones financieras sospechosas. A pesar de esto, la percepción pública, medida en encuestas internas del partido, sugiere que la corrupción menor y el nepotismo siguen siendo endémicos en los gobiernos locales, donde los funcionarios a menudo priorizan lealtades personales sobre la meritocracia.
Declaraciones de altos cargos reflejan la postura oficial. Wang Qishan, exjefe de la CCDI, afirmó: 'La lucha contra la corrupción es una batalla sin fin que requiere perseverancia y mejora institucional'. Por su parte, Xi Jinping ha reiterado en múltiples discursos que 'los cuadros del partido deben mantener una pureza política absoluta'. Sin embargo, analistas internacionales como Minxin Pei, profesor de la Universidad Claremont McKenna, ofrecen una visión más crítica: 'La campaña ha sido efectiva para aterrorizar a la burocracia y asegurar lealtad, pero no ha abordado las causas estructurales, como la falta de transparencia y un sistema judicial independiente'. Esta dualidad entre logros declarados y limitaciones estructurales explica en parte la continuidad de la purga.
El impacto de esta prolongada campaña es multifacético. Internamente, ha reforzado la disciplina del partido y mejorado la eficiencia en la implementación de políticas nacionales, como los objetivos de desarrollo económico y la respuesta a la pandemia. Externamente, ha proyectado una imagen de un gobierno decidido a limpiar su casa, lo que puede influir en la confianza de inversionistas extranjeros. No obstante, también ha generado una cultura de cautela extrema entre los funcionarios, donde muchos evitan tomar decisiones por miedo a ser investigados, un fenómeno conocido como 'inacción por temor'. Esto podría ralentizar la innovación administrativa y el crecimiento económico a largo plazo. Además, la falta de una prensa libre y de mecanismos de supervisión ciudadana independientes limita la rendición de cuentas, haciendo que el proceso dependa casi exclusivamente de la voluntad política del liderazgo central.
En conclusión, la purga anticorrupción de Xi Jinping continúa porque se ha convertido en un instrumento dual: por un lado, responde a una demanda popular genuina de limpieza gubernamental, y por otro, sirve para consolidar un modelo de gobernanza altamente centralizado. Aunque ha eliminado a miles de funcionarios corruptos, su persistencia sugiere que el problema está profundamente arraigado en un sistema donde el poder político y económico están estrechamente vinculados. Mientras China avanza hacia sus metas de 'rejuvenecimiento nacional', la capacidad del partido para institucionalizar mecanismos anticorrupción más allá de las campañas temporales será crucial para su estabilidad futura. La lucha contra los 'tigres y moscas' puede no terminar pronto, ya que refleja una batalla constante por la legitimidad en el sistema de partido único más influyente del mundo.
