En una decisión histórica que marca un punto de inflexión para los derechos LGBTQ+ en el país predominantemente católico, el Tribunal Supremo de Filipinas ha dictaminado que las parejas del mismo sexo tienen derecho a co-propiedad de bienes inmuebles bajo la ley de propiedad conjunta. El fallo, emitido el 9 de abril de 2024, establece que las "relaciones íntimas legítimas" no deben ser "legalmente invisibles", abriendo una puerta jurídica crucial en una nación donde el matrimonio entre personas del mismo sexo aún no está reconocido. La sentencia surge de un caso específico en el que una pareja de mujeres, identificadas como C.J. y A.L., buscaba registrar una propiedad adquirida conjuntamente durante su relación de más de dos décadas, enfrentándose inicialmente a la negativa de los registros públicos debido a la falta de un marco legal explícito.
El contexto de esta decisión es fundamental para comprender su magnitud. Filipinas, con una población de más de 110 millones de habitantes, es el único país del mundo, aparte de la Ciudad del Vaticano, donde el divorcio sigue siendo ilegal para la mayoría de sus ciudadanos, y la influencia de la Iglesia Católica, a la que pertenece alrededor del 80% de la población, es profunda en la esfera legislativa y social. A pesar de la creciente aceptación social y de la existencia de varias ordenanzas locales contra la discriminación, el progreso a nivel nacional ha sido lento. El Código de Familia de Filipinas, promulgado en 1987, define el matrimonio exclusivamente como la unión entre un hombre y una mujer, lo que ha dejado a las parejas del mismo sexo en un limbo legal respecto a derechos patrimoniales, herencia, adopción y beneficios de salud.
La decisión del Tribunal Supremo, escrita por el Juez Asociado Henri Jean Paul Inting, es notable por su razonamiento. El tribunal aplicó por analogía las disposiciones del Código Civil sobre propiedad conjunta para parejas no casadas (cohabitación), argumentando que la "ley no debe cerrar los ojos a la realidad de las relaciones entre personas del mismo sexo". El fallo subraya que negar estos derechos constituiría una violación de las garantías constitucionales de igual protección ante la ley y del derecho a la propiedad privada. "La ausencia de una ley que reconozca formalmente su unión no debe traducirse en la negación de sus derechos básicos de propiedad derivados de su relación de hecho, contribución financiera y esfuerzo mutuo", se lee en parte de la sentencia. Este razonamiento por analogía es visto por expertos legales como una herramienta judicial creativa para sortear la inacción del Congreso.
La reacción a la decisión ha sido inmediata y polarizada. Grupos de defensa LGBTQ+, como Bahaghari y Philippine LGBT Chamber of Commerce, han celebrado el fallo como una "victoria monumental" y un "primer paso crucial" hacia un reconocimiento legal más amplio. "Esto valida la existencia y las contribuciones de las familias LGBTQ+ filipinas. Ya no somos fantasmas para la ley en lo que respecta a nuestros hogares", declaró una portavoz de Bahaghari. Por el contrario, grupos conservadores y algunas figuras eclesiásticas han expresado su preocupación, argumentando que la decisión socava la definición tradicional de familia y podría allanar el camino para el matrimonio homosexual, algo que se oponen firmemente. Sin embargo, el tribunal fue cuidadoso en delimitar el alcance de su fallo, aclarando que no legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo ni aborda otras cuestiones como la adopción o los derechos sucesorios automáticos.
El impacto práctico de esta sentencia es significativo. Permite a las parejas del mismo sexo registrar propiedades a nombre de ambos bajo el régimen de copropiedad, proporcionando una capa vital de seguridad jurídica y protección financiera. En caso de separación o fallecimiento de uno de los miembros, el otro tendrá ahora una base legal más sólida para reclamar su parte de la propiedad. Abogados especializados anticipan un aumento en las solicitudes de registro de propiedades conjuntas y en la elaboración de acuerdos de convivencia más detallados. Además, sienta un precedente judicial poderoso que podrá ser invocado en futuros litigios sobre otros derechos derivados de relaciones de hecho, como pensiones, beneficios laborales para parejas o derechos de visita hospitalaria.
En conclusión, la decisión del Tribunal Supremo de Filipinas representa un avance jurídico histórico dentro de un contexto social conservador. Si bien no cambia el estatus del matrimonio igualitario, rompe una barrera crítica al reconocer la realidad legal de las relaciones entre personas del mismo sexo en el ámbito patrimonial. El fallo ejemplifica el papel del poder judicial en la protección de los derechos de las minorías cuando la rama legislativa se muestra reacia a actuar. Aunque el camino hacia la plena igualdad legal en Filipinas sigue siendo largo y probablemente esté lleno de debates intensos, esta sentencia es un faro de progreso que otorga visibilidad, dignidad y protección tangible a miles de parejas filipinas que, hasta ahora, habían sido invisibles ante los ojos de la ley.
